IMAGEN QUE CAUTIVA

Tuxpan, Veracruz.- La solicitud que hiciera el ejecutivo del estado al Congreso local para “ceder parcialmente” el proyecto para la construcción de un nuevo puerto en la ciudad de Tuxpan, está llena de inconsistencias legales, denunció el diputado local Marco Antonio Núñez López.

El legislador subió a tribuna para dejar en claro que su voto sería en contra del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, toda vez que dicho documento adolece de una figura jurídica adecuada que permita sentar las bases de inversión.

Núñez López pidió al pleno, como primer punto, analizar la jurisdicción para la autorización del dictamen, ya que el Congreso local no tiene atribuciones legales específicas para hacerlo.

“La Ley de Puertos federal establece que todo lo relacionado con la administración, operación y servicios portuarios, así como las demás conexas a estos, quedarán sujetos a la competencia de los poderes federales. Esto es, todo lo relacionado con un administrador portuario o titular de una concesión, es materia federal”

Por otra parte, aseguró que el Gobierno del Estado no se vuelve el dueño o tiene el derecho alguno sobre los bienes propios o derivados de la concesión que otorgó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a favor de la Asociación Portuaria Integral del Estado de Veracruz; ya que por la naturaleza de los mismos son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

El diputado panista dijo que su postura no era en contra de la inversión en el estado, ni del progreso de Tuxpan, sino que una vez más, el partido en el gobierno estaba omitiendo recursos de transparencia y figuras jurídicas adecuadas para garantizar la inversión.

“Las autoridades solamente puede hacer lo que se les permita en la Ley y la única autorizada para ver las concesiones de puertos es la SCT que se rige con la Ley de Puertos, específicamente con sus artículos 5 y 30”

Por último dijo que la pugna es porque la inversión llegue a Veracruz, pero de manera certera, con garantías mínimas de certidumbre jurídica, para lo cual es necesario que el Estado se conduzca bajo criterios estrictos de legalidad, para que los inversionistas vean fortalecidos sus capitales, evitando así “especulación e incertidumbre”.

Cabe destacar que los únicos diputados que votaron en contra del dictamen fueron: María de los Ángeles Sahagún, Marco Antonio Núñez López, Federico Salomón y Víctor Alejandro Vázquez.