IMAGEN QUE CAUTIVA

Tuxpan, Veracruz.- La cacería de funcionarios públicos ratas, iniciada por el gobierno estatal de Javier Duarte de Ochoa, conlleva desde luego, muchas intenciones, implicaciones, inferencias, advertencias, y consecuencias.

Las anteriores, en función del nivel e importancia de los servidores públicos procesados y por procesar, todos ellos con un factor común, ediles de poca monta y con daños administrativos de poca cuantía.

Las intenciones, pudieran circunscribirse a cuatro: Legitimación, Autoridad, Recaudación y Distracción. (Omito entrar al fondo por economía de espacio).

Las implicaciones, independientemente de los actores procesados, conlleva a nuevas reglas de la alternancia electoral, o si se quiere, al rompimiento de las reglas de alternancia suscritas de facto desde el año 2000. “Me perdonas mis crímenes y yo te perdonaré los tuyos”.

Las inferencias que se desprenden de dicha actuación, tendrán que proyectarse en el nivel y en el tiempo. En términos de temporalidad, nace la incógnita de ejercer la acción penal, en administraciones de los años 2001 al 2004. Ejercicios que aún cuando la ley contemple su acción, se dio la complacencia de la autoridad fiscalizadora o ministerial, para omitir un deber legal. Habrá que llamar a cuentas a los titulares responsables de tal omisión y tal vez también, fincar responsabilidades.

La segunda inferencia, en la variable de nivel o cuantía, es que los ediles ratas de las grandes ciudades y funcionarios públicos estatales (también ratas) de alto nivel, que han repartido parte de su cuantioso botín, no tienen porqué perder el sueño. Son intocables por la autoridad.

La advertencia, pudiera no ser claro en su mensaje e intención. Desde advertir a los pobretones ediles ratas su destino manifiesto, hasta enviar un mensaje a los ediles ricos y también ratas: “No me obliguen a bajar el rasero”, “Disciplina y lealtad”, “Lo pasado, pasado si están circunscritos”. (Omito entrar al fondo por economía de espacio).

Tal vez, los funcionarios públicos federales y estatales, puedan esconder sus hurtos y latrocinios, mediante prestanombres y propiedades en el extranjero. Mediante empresas lavadoras de dinero que serían la envidia de los cárteles más buscados en la actualidad.

Pero de eso a suponer que un edil municipal, con la intensa y necesaria convivencia con su comunidad, de sus hijos en la escuela y de su consorte en su círculo social, pueda ocultar su nueva riqueza mal habida, resulta francamente imposible.

Como imposible será ocultar los contratos trasladados a empresas constructoras fantasmas, soportadas con facturas apócrifas, pagadas por el ayuntamiento y construidas en el mejor de los casos, con maquinaria, insumos y personal del propio ayuntamiento. Obras que no soportan la más elemental auditoría técnica, en caso de existir.

La Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información, de aplicarse y presuponiendo sin conceder, los buenos oficios del ORFIS, de la Legislatura a través de su Comisión de Fiscalización, de la Procuraduría de Justicia y su Ministerio Público Especializado en Delitos de Servidores Públicos, pudiera ser un instrumento muy eficaz y coadyuvante contra las ratas. Sin embargo, dicha ley y su organismo responsable, escamotean al ciudadano la información necesaria para constituir, una verdadera fiscalización y auditoría ciudadana. No existe la voluntad política para una total transparencia administrativa. ¿Ratas Caníbales?

Si cayeron los ratoncitos, agrandemos la jaula para que caigan las ratotas. Todo es cosa de voluntad política Sr. Gobernador. Abra la información pública a los ciudadanos. Hagamos un frente común en contra de la corrupción. No asfixie la esperanza recién sembrada.