IMAGEN QUE CAUTIVA

Tuxpan, Veracruz.- El escándalo que reventó en la nueva administración municipal de Xalapa, relativo a los ingresos económicos del cuerpo edilicio y funcionarios de confianza de primer nivel, obliga a convocar en forma urgente y emergente a sesión de cabildo, para establecer las percepciones que se darían a conocer públicamente, de dichos funcionarios.

La respuesta forzada que emite el ayuntamiento, se observa cargada de ambigüedades y negativas aún reticentes para decir lo concreto: cifra, dosis, cuantía. Monto exacto de ingresos totales netos nominativos, que perciben todos y cada uno de los principales funcionarios en el ayuntamiento de Xalapa. Cierto, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Veracruz, obliga a la alcaldesa a proporcionar tal información, solo a petición de parte. ¿Pero para que esperar a que algún ciudadano haga la pregunta concreta, cuando es obvio que es de interés general?

Curioso el concepto de compensación y prestaciones adicionales que la mayoría de los altos funcionarios devengan, en los tres órdenes de gobierno, en los tres poderes de la Unión y en todas las dependencias autónomas y empresas paraestatales, además de su salario.

La compensación y prestaciones adicionales, son conceptos que originalmente se diseñaron para la clase obrera, con objeto de incentivar la productividad y ampliar la protección social al margen de las participaciones sobre impuestos fiscales del trabajador. Más pronto que rápido, la clase política se apropia en su beneficio de tales incentivos laborales, con un único fin: evadir impuestos, ante la complacencia del ejecutivo federal y del secretario de Hacienda, beneficiarios también de dicha evasión fiscal, eso sí, dentro de la ley.

Incomprensible para un ciudadano común, que nuestros legisladores federales pretendan hacer una reforma hacendaria, olvidándose de reformar prácticas legales vigentes, pero que son precursoras de la evasión fiscal, así como una reforma política, que limite el libre albedrío sobre sus propias percepciones salariales, a un buen número de entidades autónomas nacionales. ¿Qué Partido Político lo compraría? Seguramente que ninguno. ¡Aguas… se viene el 2012!

En todos los municipios del país, los ingresos netos y totales de los ediles, son un secreto (o, vergüenza) de familia, no obstante las diversas legislaciones que los obligan a exhibirlos. Cual niños malcriados se resisten a confesar. Esconden sus travesuras bajo mil pretextos infantiles: ¡Gano lo mismo que cualquier ejecutivo empresarial!, ¡Mis gastos de gestión son elevados! ¡Me pueden secuestrar!... Ocultan sus ingresos bajo mil figuras, además de las ya mencionadas compensaciones, tales como: Pagos de facturas de Consumo Doméstico; Pago de facturas de Gastos Médicos; Pago de facturas de refacciones en vehículos particulares; Pago de facturas Vacacionales; Pago de facturas de bares y restaurantes; Vales de gasolina; Bonos de Marcha; Bono para contratación de asistentes, etc. etc.

El alcalde o alcaldesa que omita cuantificar cualquier ingreso de su cuerpo edilicio o personal de confianza, en el informe que le requiera cualquier ciudadano o el Instituto de Transparencia, cometerá el delito de falsedad en declaraciones, equiparable al fraude, de allí su resistencia a informar una cantidad exacta y cuantificable. Por eso, los ingresos de los ediles se convierten en secreto de estado.