IMAGEN QUE CAUTIVA

Xalapa, Veracruz.- La Trata de Personas es una abominable actividad ilegal calificada como la esclavitud del siglo XXI. Cuando muchos creíamos que estas prácticas ya habían sido superadas, con preocupación vemos que la esclavitud persiste, aunque con otro rostro, no menos oprobioso.

Ese rostro actual de la esclavitud es un crimen que vulnera la dignidad de las personas, afecta terriblemente la salud mental de las víctimas, lastima la cohesión social y, sobre todo, afecta la estabilidad y el equilibrio emocional y económico de familias y comunidades enteras.

Año con año, millones de personas alrededor del mundo son víctimas de engaños y diversas formas de acción que las someten a explotación de tipos laboral, sexual o de servidumbre. Desgraciadamente, la mayor parte de estas víctimas son mujeres y niños que habitan en zonas marginadas, con altos índices de pobreza, siendo ésta un factor que facilita la operación de las bandas criminales dedicadas a tal actividad.

La incidencia de este execrable delito en la sociedad mexicana ha tenido un notorio crecimiento que no es posible soslayar; ante sus complejas implicaciones sociales, la trata de personas requirió que los veracruzanos le hiciéramos frente de manera inmediata mediante la creación de un marco jurídico acorde con el Derecho internacional y nacional.

Esta urgente necesidad, planteada por diversos sectores de la sociedad veracruzana, fue visualizada y retomada por el entonces Diputado Federal, Javier Duarte de Ochoa, quien el pasado 10 de marzo presentó ante el Congreso del Estado, una Iniciativa de Ley Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas.

Desde ese momento, quedó de manifiesto el interés de quien hoy es Gobernador Electo del Estado de Veracruz, para velar por el interés y el bienestar de los veracruzanos que viven en condiciones de alta vulnerabilidad. Hoy que su triunfo ha sido ratificado por el más alto tribunal en materia electoral, podemos tener la certeza de que Veracruz tendrá en el titular del Poder Ejecutivo, a un servidor público plenamente comprometido con las causas más sensibles de nuestra sociedad, como es la infame práctica de la trata de personas.

Esta propuesta del próximo gobernador veracruzano, que fue aprobada por el Congreso del Estado el pasado 27 de octubre, contempla sanciones de 7 a 20 años de prisión a quien incurra en las diversas formas de este delito.

Pero, sin duda, lo más significativo es que considera la integración de una Comisión Interinstitucional encargada de coordinar las acciones derivadas de esta Ley e instrumentar un programa específico, cuyo objetivo será establecer los mecanismos de coordinación para prevenir, atender, combatir, sancionar y erradicar la trata de personas, así como la asistencia y protección de las víctimas.

Esta ley representó un paso más en la labor que el Congreso de Veracruz desplegó a lo largo de los últimos 3 años para proteger a los grupos sociales que viven en situación de mayor vulnerabilidad y enaltecer el sentido humanitario de las personas.

En este sentido, podemos sentirnos satisfechos por haber aprobado las leyes como la de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la Ley de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; la Ley para Enfrentar la Epidemia del VIH-SIDA; la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; y la Ley de Protección a los Animales. Considero que estos son ejemplos importantes de los logros alcanzados por la actual Legislatura y representan avances innegables para Veracruz.

La dinámica social requiere de cambios que tengan como objetivo revalorar la civilidad y el sentido humanitario de las leyes, y para ello el marco jurídico debe actualizarse periódicamente para estar a tono con las demandas de la sociedad. Esa ha sido la misión de la actual legislatura veracruzana y estoy seguro que la ratificación del triunfo de Javier Duarte como Gobernador de Veracruz, mantendrá esta visión de futuro para nuestro Estado.